Las elecciones de noviembre de 1981 y la Constitución promulgada en enero de 1982 marcan el retorno al orden constitucional. El electorado hondureño favoreció al Dr. Roberto Suazo Córdova, candidato del Partido Liberal, que asumió la Presidencia el 27 de enero de 1982. La nueva administración se enfrentó a una difícil situación económica al producirse un déficit en la balanza comercial y un mayor endeudamiento del Estado. Para contrarrestar estos aspectos, el equipo político-económico del gobierno propuso el aumento de impuestos, la reducción del gasto público, la privatización de instituciones estatales, semiautónomas y deficitarias.



El Estado de Honduras logró mantenerse al margen de la lucha armada que se desarrolló en la convulsa Centroamericana en la década de 1980. No obstante, al recibir la migración de los desplazados de guerra de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el gobierno de Honduras tuvo serios problemas sociales, políticos y económicos que comprometieron hasta la soberanía nacional.

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En las elecciones de 1985, la fragilidad del sistema democrático para las elecciones de 1985 se vio amenazada por las pugnas al interior de y entre los dos partidos tradicionales. Después de superada al crisis con el acuerdo de la opción "B" es electo el Ing. José Simón Azcona Hoyo para el período Presidencial de 1986 a 1989. Bajo esta administración se empezó a acelerar un proceso inflacionario; así como la exigencia de los organismos internacionales por el pago de la deuda externa.

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Durante al administración Azcona se construyó el Complejo Deportivo Villa Olímpica. También se inauguró El Complejo Hidroeléctrico de la Represa de El Cajón.

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Por segunda vez en el presente siglo se llega a una tercer justa electoral democrática, en la que resultó electo el Lic. Rafael Leonardo Callejas, candidato por el Partido Nacional. Inmediatamente de asumir el poder, para sanear y fortalecer la economía y las responsabilidades con los organismos internacionales de crédito, aplicó la Ley del Ordenamiento Estructural de la Economía.

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En septiembre de 1992, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo por el que quedó resuelta la cuestión limítrofe con el Estado vecino de El Salvador.

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Como consecuencia de las nuevas tareas que se impone la Comunidad Internacional y por una necesidad ancestral de unificación centroamericana, el Estado de Honduras bajo la administración Callejas, se integró al bloque comercial regional centroamericano, así como se inician los preparativos para el funcionamiento de un Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

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El Parlacen desde sus orígenes no contó con el respaldo de todos los países de la región. Costa Rica manifestó claramente que no ratificará el Protocolo del Parlamento Centroamericano. Se instaló en ciudad Guatemala su sede. Una de las debilidades que mostró el Parlacen es que sus decisiones políticas no tienen carácter de ley en los países que suscribieron el Protocolo. No es obligatoria su aplicación ni vinculante sus decretos y resoluciones. Quedan a nivel de recomendaciones y excitativas. No tienen fuerza de ley. Este instrumento de integración es apoyado por organismos europeos.
 

Para las elecciones generales de noviembre de 1993, la coyuntura política era de un virtual enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Fue una campaña electoral sumamente sucia. El candidato liberal Doctor Carlos Roberto Reina se enfrentó al Abogado Oswaldo Ramos Soto en su condición de candidato por el Partido Nacional. Resultó vencedor el Partido Liberal. La abstención del electorado fue alta, alrededor de un 30 % no concurrió a las urnas. Asume el 27 de Enero de 1994 el Doctor Carlos Roberto Reina como Presidente de la República. Es el IV Presidente después del retorno al orden constitucional.

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Uno de los problemas políticos que tempranamente ocupó la agenda del Presidente Reina fue definir los mecanismos del servicio militar educativo. Uno de los temas de mayor fuerza en la campaña electoral. La oposición de la cúpula militar no tardó en mostrarse. En una reunión accidentada en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, la oficialidad encabezada por el General Hung Pacheco le presentaron sus reclamos por la implementación de esa medida. El Presidente Reina ratificó su determinación de continuar con el proceso. Otro tema de promesa de campaña electoral es la lucha contra la corrupción. Constituyó la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Sus resultados nunca fueron concretos. El Ministerio Público inicio una serie de diligencias por las denuncias de corrupción durante la administración Callejas. Casos de Comunitas, Brazos de Honduras, Fondo Petrolero y el mal manejo en las compras directas, ocuparon muchos espacios en la prensa nacional. En resumen, solamente el Director del INA Abogado Tomás Guillén Williams fue el único funcionario de alto nivel que fue preso. Un asunto de subvaluación de tierras le complicó la situación.

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La campaña electoral de noviembre de 1997 fue mucho menos virulenta. La candidata del Partido Nacional era la ex Alcaldesa Nora Gúnera de Melgar Castro. Por el Partido Liberal fue el Ingeniero Carlos Flores Facussé, ex Ministro de la Presidencia durante la administración de Roberto Suazo Córdova, 1982-1986, y hasta ese momento Presidente del Congreso Nacional. El electorado mostró cierta apatía. Y la abstención electoral se mantuve en el rango de 1993. Aún cuando el tema de campaña del candidato presidencial fue: La Nueva Agenda. Una novedad de la campaña electoral de 1997 fue la participación de UD (Unidad Democrática). Gano la Alcaldía Municipal de La Paz con Filiberto Isaula y varios Regidores a nivel nacional.
 

Desde el primer momento el Presidente Flores mostró signos de desvinculación con la anterior administración liberal de Reina Idiaquez. La coyuntura histórica del “Mitch”, pese a la tragedia nacional, salvó su administración y posicionó su figura en la vida política nacional. Su negativa a patrocinar con fondos públicos al candidato del Partido Liberal para las elecciones del 2001, le causó muchos inconvenientes con la dirigencia tradicional de su partido.

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Las elecciones generales de noviembre de 2001 fue nuevamente, muy áspera. Los problemas derivados por el controversial manejo de la autentica nacionalidad del candidato del Partido Nacional Licenciado Ricardo Maduro Joest, ex Presidente del Banco Central de Honduras, 1990-1994; puso en aprietos el modelo político hondureño. En esta coyuntura la participación de la llamada sociedad civil fue decisiva. Finalmente mediante un decreto del Congreso Nacional que interpretó los artículos sobre la nacionalidad de la Constitución Política de 1982, autorizó la inscripción del candidato Maduro Joest. La campaña electoral pese a su virulencia y carencia de debates sobre los problemas de Honduras orilló a la población electoral a mostrar mucha indiferencia. La abstención sobrepaso al 35%. El sistema político mostraba señales de ilegitimidad.

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El VI Presidente Licenciado Ricardo Maduro Joest asume la titularidad del Poder Ejecutivo de la República de Honduras el 27 de enero de 2002. Uno de los compromisos políticos con la sociedad civil fue diseñar un mecanismo de elección de la Corte Suprema de Justicia. Se amplió el número de magistrados a 15 y su periodo se amplio a 7 años. Los mecanismos de selección no garantizaron la no ingerencia de la política en el poder judicial. La votación siempre se ha mantenido: 8 votos de magistrados vinculados al Partido Nacional y 7 al Partido Libera.

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El 27 de enero de 2006 asume la Presidencia de la República el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, ex diputado y Director Ejecutivo del FHIS, 1994-1999. Una conducta política que caracteriza a la actual administración es mantener un enfrentamiento con los llamados “grupos de poder”, sin identificarlos ni señalarles sus responsabilidades. Los muchos cambios en su equipo ministerial se han percibido como ausencia de un programa de gobierno y de políticas públicas consistentes. Los órganos de gobernanza no se han fortalecido. La coyuntura política que se vive en América latina por la presencia de gobiernos de orientación antiestadounidense, ha estimulado algunas decisiones que pueden caracterizarse como populistas. Sin embargo la situación económica provocada por el aumento a los precios de los combustibles, puede permitir que el gobierno de Zelaya Rosales, por medio de los fondos de Petrocaribe, desarrolle un programa de incentivos a la actividad productiva y el país alcance los objetivos de crecimiento económico superiores al 6%. Recuperar la confianza de la inversión es uno de los retos urgentes de este momento histórico.