Durante la administración del Doctor Juan Manuel Gálvez se fijaron las condiciones para la modernización del aparato estatal. La apertura en las actividades políticas y económicas trajo como resultado un incremento en la actividad industrial, artesana y agrícola en todo el país. El proceso de diversificación de las actividades productivas de las compañías bananeras, tales como la siembra de abacá, palma africana y la formación de los bananeros independientes amplió las relaciones de producción capitalista. La emisión de la Ley del impuesto sobre la Renta creó un instrumento de recaudación que posibilitó una mejor estructura del presupuesto y la inversión pública.



El proyecto amplió el financiamiento a la industria nacional con la formación del Banco Nacional de Fomento. Muchas inversiones en el sector agro-industrial como La planta desmotadora de algodón en San Lorenzo, planta de productos Lácteos Sula y la Fábrica Nacional de Alimentos Concentrados son ejemplos de la preocupación por crear nuevas condiciones para el desarrollo económico. Honduras suscribe durante la administración del Presidente José María Medina, 1863-1872, varios empréstitos para la construcción de un ferrocarril interoceánico que integraría a Honduras desde Puerto Cortés al Golfo de Fonseca. En los años 1867,1869 y 1870 se negociaron varios empréstitos en Londres y París. Las repercusiones económicas y financieras constituyeron una enorme deuda que gravito en la sociedad durante aproximadamente 75 años. El desastre financiero y lo inconcluso del ferrocarril son parte de una historia de malos y arbitrarios manejos de las finanzas del sector público. A partir de 1867 aparece en los registros de países deudores en los bancos y tenedores de bonos de Europa. En 1883 el Poder Ejecutivo autoriza a Joseph L y John J. Walerbury una concesión para fundar un Banco.

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Durante los años de 1888 se constituye el Banco Nacional Hondureño para servir de agente fiscal del Estado hondureño por lo precario de las recaudaciones de impuestos a las exportaciones e importaciones. El Banco Nacional emitía billetes y monedas para circulación y pagos dentro del territorio hondureño. Se pretendió crear un banco de carácter centroamericano en 1888. En 1892 el Congreso Nacional autoriza al Poder Ejecutivo la constitución de un Banco Nacional con los fondos `provenientes de las rentas o con un empréstito. En 1916 y 1926 se le faculta al Poder Ejecutivo para la creación de un Banco Nacional. Como efecto de la crisis del año 1929-1930, el Congreso Nacional dicta medidas emergentes para evitar la emisión de billetes sin respaldo. En 1949, el Congreso Nacional crea una comisión para estudiar la organización y funcionamiento de un Banco del Estado. Honduras se adhiere en 1946 y 1948 a la constitución del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En 1950 mediante decreto número 53 del 3 de febrero publicado en el Diario Oficial ¨ La Gaceta¨, se creó el Banco Central de Honduras. Se emitieron leyes de Establecimientos Bancarios y la creación del Banco Nacional de Fomento. Durante la administración de Villeda Morales, Honduras se adhiere al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID y al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración económica, BCIE, además se creo el Banco Municipal Autónomo para desarrollar proyectos en las municipalidades de Honduras y contribuir a mejorar su administración tributaria y fiscal. En la administración de Oswaldo López Arellano, 1965-1971, se constituyó el Banco de Los Trabajadores para respaldar las actividades de pequeños y micro-empresariales, así mismo preveer ahorros en casos de desempleo de los trabajadores.

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La década de los años setenta en materia económica enfrentó dos problemas fundamentales: a).- Las secuelas de la guerra con El Salvador que provocó el cierre de las fronteras al comercio regional, y b).- la crisis del petróleo. La guerra de julio de 1969 obligó el desplazamiento de sectores poblacionales de origen salvadoreño asentados en Honduras dedicados al comercio y la agricultura, trayendo como consecuencia el desabastecimiento de productos agrícolas en el mercado interno. Esa población, establecida desde los años 1940 en las compañías bananeras fue parte de los trabajadores despedidos por causa de la Huelga de mayo de 1954 y las inundaciones de octubre en ese mismo año, se dedicó por su propia iniciativa a actividades agrícolas en la producción de granos básicos y productos agropecuarios. Para los primeros años de la década de 1960, Honduras se estimaba el granero de Centro América, y recogía los resultados de los proyectos rurales iniciados por la cooperación estadounidense con Stica. El éxodo de los salvadoreños es la causa del descenso de la actividad agropecuaria a la economía nacional. Honduras no volvió a recuperar su condición de granero de Centro América.
 

La crisis del petróleo causada por la especulación en los precios del crudo, el conflicto árabe- israelí y las guerras civiles en África; elevó los precios y los países consumidores destinaron mayores recursos financieros para pagar la factura petrolera.

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Sin embargo el panorama que se veía sombrío, tuvo efectos positivos. El nuevo gobierno, inaugurado el 4 de diciembre de 1972, encabezado por el General Oswaldo López Arellano y su proyecto reformista encontró condiciones históricas para desarrollar su programa de gobierno de actualización de Honduras. Ante la presión del movimiento campesino por obtener tierras y, para ganar un espacio político, destinó las tierras abandonadas por las compañías bananeras como bienes objetos de reforma agraria. Mediante el decreto No 8 oficializó que todas tierras ocupadas por campesinos quedaban bajo la administración del INA. Proyectos de migración inducida hacia el Patuca y al Sector del Bajo Aguan fueron desarrollados con pobladores de la Región Sur con el objetivo de disminuir la presión de los campesinos en esos lugares. La Ley de Reforma Agraria que potenció a las empresas asociativas y obligó a los viejos terratenientes a buscar cultivos estratégicos, de nuevo, avivó la crisis en el sistema de la tenencia y distribución de la tierra. Ese estado de permanente agitación en el campo obstaculizó la ejecución de un verdadero plan de desarrollo en el sector agrícola, impactando negativamente el Producto Interno Bruto, (PIB).

El proyecto reformista de los militares sufrió cambios importantes en el transcurso de 1975 a 1980. Las tierras en el sector de Isletas y el Bajo Aguan fueron destinadas al cultivo de palma africana y a la producción de bananos. El cultivo de granos básicos quedó en manos de pequeños agricultores, y sólo en el Valle de Jamástran y Olancho propietarios de extensas tierras se mantuvieron en la actividad de granos básicos. De tal suerte, que los sectores campesinos beneficiarios de la reforma agraria, sobre todo en el litoral atlántico, dedicaron sus tierras al cultivo de palma y bananos, y no de granos básicos. Esto trajo como consecuencia el abandono del cultivo de granos básicos y en forma cíclica las hambrunas aparecieron en el escenario nacional.
 

Esta política de desarrollo basada en el agro tuvo un fuerte impacto en el endeudamiento externo. Los denominados “petrodólares” inundaron el mercado financiero mundial, y la oferta de préstamos para el desarrollo provenientes de los organismos internacionales superó la demanda de financiamiento. Con varios contratos de préstamo se puso en marcha la Corporación Nacional de Inversiones, CONADI, la Corporación Financiera de Olancho, Corfino, y la construcción de la represa Hidroeléctrica “El Cajón”, hoy llamada Francisco Morazán.

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Para finales de 1970, la situación económica de Honduras era difícil. Por un lado, los altos pagos por servicio de deuda externa, el déficit en la balanza de pagos y un presupuesto nacional sostenido por endeudamiento, y por otra parte; la situación política centroamericana; configuraron una coyuntura que permitió mantener la economía a flote solamente mediante acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar una disciplina fiscal y desarrollar una política de privatizaciones de las empresas donde el Estado era socio. Todas las empresas ligadas a Conadi y Corfino fueron privatizadas con el consecuente perjuicio para el Estado hondureño por cuanto muchas deudas y avales otorgados no fueron recuperadas.

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El retorno al orden constitucional en abril de 1980 brindaba esperanzas, pero el peso de la crisis político militar regional era aplastante. La fuga de capitales, la ausencia de inversión extranjera y la inseguridad eran los elementos que configuraron un panorama desolador para la economía hondureña. Para ese momento las voces para una devaluación del lempira frente al dólar empezaron a escucharse. La administración del presidente Roberto Suazo Córdova, 1982-1986, recibió a la Comisión Kissinger, integrada por destacadas figuras de la política de Estados Unidos de América, para plantear iniciativas a favor de la democracia y el desarrollo económico como bases firmes ante el avance de tendencias políticas proclives a la política de la ex Unión de Republicas Socialistas Soviéticas, URSS. Pese a su enfoque bipolar Este-Oeste, o Guerra Fría, la Comisión Kissinger planteo ciertas cuestiones de fondo: a). El 57 % de los hondureños viven en la pobreza, b). La necesidad de inversión en el campo y los sectores urbano marginales, y c). Diseñar una política contra la corrupción.

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De los resultados de la Comisión Kissinger nace la Iniciativa de la Cuenca del Caribe que otorga aranceles preferenciales a exportaciones de varios países centroamericanos. Todo lo cual permitió que se estableciera en Puerto Cortés una Zona Libre para exportaciones. Las llamadas Zonas de Procesamiento Industrial, ZIP, emergieron en la zona norte, particularmente en San Pedro Sula. Sumado a esto se creó la Zona Metropolitana del Valle de Sula para canalizar la inversión pública y aprovechar las ventajas de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Se constituyó la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula para diseñar una estrategia de desarrollo de infraestructura para los 16 municipios que integran esa subregión. Para finales de 1980, los ZIP, alcanzaron exportaciones mayores a los 300 millones de dólares y empleos superiores a los 50 mil trabajadores en la industria textil. Las zonas de procesamiento industrial trajeron un respiro importante para la economía, sobre todo en inversión en infraestructura y empleo. El clima de inversiones en Centro América mejoró con la iniciativa de Contadora y los acuerdos de Esquípulas. Los acuerdos con el FMI se volvieron obligatorios al inaugurar o finalizar un gobierno. Los flujos de financiamiento se aseguran con los llamados acuerdos “Stan Bay”. El gobierno del Presidente Simón Azcona Hoyo, 1986-1990, no llegó a un acuerdo con el FMI, y al finalizar su gestión la situación económica llegó a situaciones casi insostenibles: Cero crédito a nivel internacional. Las voces por la devaluación del lempira frente al dólar se escuchan con mayor persistencia.

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La instalación del Gobierno del Licenciado Rafael Leonardo Callejas Romero, 1990-1994, inaugura una etapa en la historia económica de Honduras. Adopta el modelo neoliberal en política monetaria. Finaliza las privatizaciones de las empresas públicas. Establece un factor de cambio del lempira frente al dólar. Oficializa la devaluación. La política de paridad del lempira frente al dólar se suprime. Se fijó una tasa de cambio de acuerdo a las condiciones del mercado. Y se implementa una política de libre cambio. Pero establece formas de compensación social estableciendo instituciones como el FHIS y PRAF para equilibrar los desajustes sociales provocados por la política monetaria del libre cambio. La política de inversión pública se concentró en infraestructura social, carreteras y en el Canal Seco. La política agraria se traduce en un libre mercado de tierras, permitiendo que los grupos asociativos puedan vender y comprar tierras y empresas colectivas. Ante la aparente apertura de los mercados financieros se establecen nuevos establecimientos bancarios e instituciones financieras regionales se establecen en Honduras. Aparecen nuevos bancos, entre ellos: Banco de la Producción, Banpro, Banco de Créditos y Servicios, Bancreser, Banco Capital, Banco Corporativo, Banpro, Banco del País, Banco Futuro, Banco Credomatic. El mundo financiero se mueve a mucha velocidad. Instituciones financieras y Casas de Cambio emergen al escenario del libre cambio. El mundo bursátil completa el mercado financiero con la constitución de la Bolsa Centroamericana de Valores y la Bolsa Hondureña de Valores. La fragilidad de la economía y la especulación financiera son los factores que provocaron el colapso del mundo bursátil. La ausencia de supervisión efectiva por la Comisión de Banca y Seguro, le dio el tiro de gracia. Algunos de los bancos creados durante la administración Callejas se liquidan forzosamente, y otros siguen el camino de absorciones y fusiones. Se asientan bancos con carácter regional, sobre todo de capital salvadoreño.

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Pero la administración Callejas se mantuvo fiel a su enfoque de globalización económica y se adhirió a las reformas de Fondo Monetario Internacional, las primeras desde 1945 en el Protocolo de Breton Wood. La crisis bursátil sembró desconfianza entre el público ahorrante, pero la dinámica de la globalización financiera regional y mundial hacía presencia en la economía hondureña. Al finalizar el gobierno de Callejas las desigualdades sociales se acentuaron. El 70 % de los hondureños vivían en extrema pobreza.

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La dinámica económica sufre una tremenda sacudida con el huracán “Mitch” en octubre de 1998. La vida productiva quedó paralizada. Graves inundaciones provocan la destrucción del sistema vial y del aparato productivo, sin omitir la muerte de miles de compatriotas. El país estaba al borde del colapso. La cooperación internacional juega un papel determinante en el proceso de rehabilitación de la economía nacional. Se constituye un grupo especial de cooperación internacional para Centro América. En la ciudad de Estocolmo, Suecia, se celebra una reunión en mayo de 1999 para implementar una estrategia de financiamiento que contribuya a rehabilitar el país en su estructura productiva. El denominado “G16” que involucra a todas las naciones cooperantes hacia Honduras acompaña los trabajos de reconstrucción nacional. Pero para este momento una nueva coyuntura se asoma en el firmamento: las políticas de condonación de la deuda externa. El grupo G8, constituido por los países más ricos del mundo, acelera las condonaciones de los países pobres altamente endeudados, iniciativa HIPC. Honduras es beneficiado con un 30 % de su deuda. Para el año 2000 Honduras tenía una deuda superior a los 4 mil millones de dólares y el pago por servicio alcanzaba los 800 millones de dólares anuales.

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La política de condonación brindó un fuerte respiro a la economía hondureña. El “G16” apoyo decididamente a Honduras en el proceso de condonación de la deuda externa, con la condición de destinar los recursos financieras al combate a la pobreza. De acuerdo a estudios patrocinados por el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD, el 80 % de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. En este contexto nace la Estrategia de Reducción de la Pobreza, ERP, para devolverle legitimidad al sistema político y social, ya de por si devaluado y cuestionado ante los ojos de los ciudadanos. Varias instituciones de desarrollo fueron adquiriendo la condición de instituciones financieras, OPDF: Organización de Desarrollo Empresarial Femenino, Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras, Asociación Familia y Medio Ambiente, Fundación para el desarrollo de Honduras Visión Fund, Proyectos e Iniciativas para el Autodesarrollo Regional de Honduras. La Fundación Covelo se transformó en Banco Popular Covelo, S.A. La política de absorciones seguida por Banpaís al adquirir BANFFAA, y el banco HBSC al absorber Banco El Ahorro y Bancahsa; es el punto final de la política de apertura al mundo financiero internacional iniciada por Callejas. La fusión de Bamer y Bac es parte de la presencia de capitales financieros internacionales como también es el caso de Banco Lafise al adquirir Banco Futuro. Podemos afirmar que de 19 instituciones bancarias que actualmente operan en Honduras, menos de la mitad posee capital nacional. Igual suerte corrieron varias aseguradoras con adquisiciones por compañías de capital extranjero.

La actual coyuntura económica, provocada los altos precios de los combustibles y la crisis alimentaria mundial, plantea nuevos retos a toda la sociedad hondureña. El precio del barril de petróleo alcanza los 140 dólares y los alimentos superan el 15 % de sus precios al valor del año 2000. En los últimos 8 años los alimentos alcanzan precios record, sobre todo el trigo y el maíz. El crecimiento económico proyectado para 2008 superior al 6% no podrá alcanzarse porque las reservas internacionales y la inflación generada por el alza a los precios de los combustibles, han provocado un desequilibrio fiscal. Actualmente un programa de incentivos para la actividad agrícola por medio de préstamos, subsidios y un bono tecnológico intenta reactivar la producción de granos básicos.

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El acuerdo alcanzado con Venezuela por medio de Petrocaribe le permite al gobierno manejar un 40% del precio de las importaciones de combustible que podrían ser utilizados para inversiones en el agro y proyectos de energía hidroeléctrica. Hoy por hoy, la inversión en el campo es una excelente oportunidad de hacer negocios. Los precios de los alimentos continuaran subiendo y el precio del crudo estará superando los 150 dólares el barril; lo que obliga a un replanteamiento del modelo económico y fijar las líneas estratégicas para superar esta coyuntura histórica marcada por el agravamiento de los problemas sociales. Un nuevo pacto social se impone para la construcción de un nuevo modelo de Estado y de responsabilidad ciudadana. Al año 2008, las perspectivas económicas no son nada esperanzadoras. Pero el pesimismo no debe acompañarnos en los nuevos retos y desafíos que plantea la economía mundial, regional y nacional. Esos retos que obliga a utilizar todo el potencial agrícola que poseemos, una drástica reducción a la importación de artículos suntuarios y una política anticorrupción y de incentivos a la productividad y competitividad; son las líneas estratégicas para hacerle frente a esos desafíos del nuevo milenio.